El nivel de explotación minera de las pasadas tres décadas en México no tiene precedentes. Sus impactos han sido devastadores para la naturaleza y para quienes habitan los territorios afectados.
La explotación minera intensiva que se realiza en México es respaldada por los estados a través de políticas ambientales y tributarias permisivas y laxas. Esta actividad, controlada por grandes corporaciones, está estrechamente ligada a las cadenas de suministro y producción global, a las que aporta materias primas. Por esta articulación y por el monto de la riqueza que genera, la minería es una de las actividades extractivas contemporáneas más extendidas en los países llamados en desarrollo, incluido México, en donde 11% del territorio se encuentra concesionado a corporaciones mineras, nacionales y extranjeras. Estas concesiones amparan los mil 200 proyectos mineros y las mil 672 minas que actualmente operan en el país, que pueden prolongarse hasta por cien años, lo que estimula la especulación financiera con bienes que son propiedad de la nación.
En estas tres décadas de actividad bajo el actual marco legal minero, no se ha incorporado ni una sola causal de nulidad que permita retirar una concesión minera a las empresas, a pesar de los enormes derrames, de la deforestación en grandes porciones de bosques, de los graves siniestros para los trabajadores de las minas o la extendida violencia alrededor de los enclaves mineros. La minería está por encima de todo. Y nos oponemos a que así permanezca.
